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El reciente proceso abierto por el Ministerio de Hacienda para implantar un impuesto que grave exclusivamente a los envases plásticos de un sólo uso, presenta importantes puntos alarmantes en cuanto a su impacto sanitario y socioeconómico. Especialmente teniendo en cuenta que, como el propio documento ministerial recuerda, va a gravar “artículos de plásticos de un solo uso destinados a contener o proteger bienes o productos alimenticios”. Ésta es la postura de EsPlásticos, plataforma que integra a los principales actores de la cadena de valor de los plásticos en España (ANAIP, PlasticsEurope, Cicloplast, AIMPLAS). Estas asociaciones representan a más de 3.000 empresas productoras, transformadoras y recicladoras del sector.

La plataforma manifiesta su preocupación por el carácter discriminatorio de la propuesta del Ministerio y, especialmente, por la falta de un estudio científico detallado previo sobre el impacto sanitario, medioambiental y económico de reducir el envasado plástico. Tampoco la reciente Directiva Europea de Plásticos de un Sólo Uso (SUP) ha contado con un estudio de impacto, a diferencia de legislaciones similares que desarrollaron estudios de hasta dos años. Las empresas del sector consideran alarmante la aprobación exprés de normas con un impacto medioambiental, y en nuestros hábitos de vida y consumo, tan profundos.

EsPlásticos considera que un impuesto intencionadamente discriminatorio que sólo grave a un material, el plástico, con el fin de desincentivar su uso, es alarmante a nivel de seguridad alimentaria y sanitaria. Los plásticos son los materiales más regulados por parte de las autoridades y por ende los más seguros. Sus características ofrecen la mayor protección del alimento con el que están en contacto, ayudando a evitar la propagación de epidemias y enfermedades.

La tendencia a reducir el uso de plásticos en los materiales en contacto con la comida ya se ha traducido en un aumento de las alertas alimentarias en la Unión Europea del 17%. Así lo señala el último informe disponible de la RASFF, el sistema de alerta alimentaria de la UE, que muestra claramente como los plásticos son el material para contacto alimentario que menos alertas provocó en Europa. Por el contrario, el organismo da la alarma sobre el incremento de las alertas de materiales sustitutivos “falsamente descritos como compostables o eco-friendly”.

Precisamente la OCU, junto a otras organizaciones de consumidores europeas, ha alertado de que no existe una normativa de seguridad europea que evalúe el riesgo para nuestra salud de ciertos envases no-plásticos destinados a la alimentación.

Para EsPlásticos, no deja de ser curioso que una propuesta definida por el propio Ministerio como medioambiental, no venga precedida de un estudio de impacto ambiental (huella de carbono o consumo de recursos) por productos y materiales. Informes realizados por actores ajenos a la industria ya señalan el potencial impacto de esta tendencia normativa anti-plásticos como el Ministerio de Medioambiente Danés o incluso el propio Grenpeace señalan ya la huella ecológica superior o las dificultades para reciclar ciertos productos de materiales alternativos.

Los datos del sector son contundentes: sustituir todo el envasado plástico europeo requeriría al año el doble de energía, triplicando las emisiones de efecto invernadero (97,4 millones de toneladas frente a 36,6 millones). Además, multiplicaría casi por cuatro el consumo de recursos (66 millones de toneladas frente a 18,4 millones) para los mismos productos. Esto se explica por las características de procesado de los plásticos y el escaso peso del material.

La actual propuesta obvia esta problemática y se centra exclusivamente en disminuir el consumo de plástico. Para las empresas del sector, sustituir el plástico simplemente traslada el problema de residuos a otros materiales. Por ello, proponen alternativas más eficientes como un impuesto nacional al vertedero, similar al de otros países europeos donde apenas hay vertido de residuos. Un impuesto que recomienda la propia Comisión Europea como medida para penalizar el depósito en basurero de residuos reciclables, de todo tipo de materiales.

Por último, existe una profunda preocupación en las empresas por el impacto de esta propuesta normativa para uno de los sectores industriales cualificados que quedan en España. Un sector clave que representa el 2,7% del PIB y genera 255.000, incluyendo los indirectos, principalmente en la conocida como España Vaciada. Las empresas de plásticos llevan años realizando inversiones de Economía Circular y reciclabilidad, estando además sus envases gravados ya con un punto verde que costea su reciclado.

El sector considera que este nuevo impuesto resta además competitividad a múltiples sectores exportadores de la economía española, la mayoría de los cuales envasan en plásticos. EsPlásticos está en desacuerdo con una propuesta sin estudio de impacto en el empleo, y considera que no puede haber un plan social de gobierno para la España periférica e interior, ni para el país en conjunto, si se procede a desmantelar progresivamente su industria restante.